La transformación digital y la robotización de las instituciones judiciales en la Administración Pública

El Servicio Público de Justicia en España es un gigante compuesto por cerca de 254.000 personas, entre jueces, fiscales, letrados, gestores procesales, etc. Todo ello repartido en más de 1.400 sedes judiciales dispersas por todo el territorio nacional. La digitalización de la Justicia pasa, no sólo por mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, sino por adoptar un modelo de gobernanza flexible que optimice la prestación del servicio.

A través de la transformación digital de la Justicia es posible establecer una relación ágil con la ciudadanía, mejorar la experiencia de todos los operadores judiciales y, en suma, impulsar el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación de país.

Estado actual en digitalización del sector de la Justicia en España

A pesar de los pasos de gigante dados, la digitalización de la Justicia en nuestro país continúa teniendo mucho margen de mejora. El punto de partida estaba tan retrasado, que los avances realizados en materia de digitalización de procesos y automatización de tareas continúan sin ser suficientes para alcanzar la excelencia.

Uno de los mayores problemas era la falta de intercambio de información y la existencia de silos. La agilización de buena parte de esos procesos, que seguían anclados al papel, ha supuesto un punto de inflexión en la prestación del servicio de Justicia. Existía cierto grado de digitalización, esto es, que buena parte de los documentos se encontraban en formato PDF, pero no se daba la automatización ni la digitalización del expediente completo.

En este escenario, el Ministerio de Justicia ha elaborado el Plan de Justicia 2030, es decir, un plan de trabajo común a 10 años, desarrollado en cogobernanza con las Comunidades Autónomas. El objetivo es incidir en aquellos puntos que tienen mayor impacto en el sistema o que han quedado desfasados y son poco operativos. Sus beneficios ya han comenzado a percibirse.

Objetivos que persigue

• Transformación del Servicio Público de Justicia. La digitalización de la Justicia pasa necesariamente por la creación de una arquitectura de información basada en datos en la que esté garantizada la seguridad jurídica digital en los procedimientos. Además de proporcionar acceso electrónico a trámites y expedientes judiciales, esta transformación ha de implicar la definición de nuevos procesos que agilicen y optimicen el funcionamiento, apoyándose para ello en tecnologías que permiten la incorporación de la firma digital, los juicios telemáticos y el intercambio de información en la Administración de Justicia.
• Mayor eficiencia. Ligado estrechamente al punto anterior, España cuenta con Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Con ella busca sentar las bases para una Justicia inteligente, más orientada al dato, de manera que combinando diferentes fuentes de información sea posible realizar una gestión proactiva. Así, será posible anticiparse a las fluctuaciones de la demanda y servirá de apoyo a jueces y magistrados en la resolución de los procedimientos.
• Mejor acceso de la ciudadanía. Dada la elevada tasa de penetración de internet en España y a pesar de que todavía es necesario avanzar en alfabetización digital entre algunos colectivos, la digitalización de la Justicia amplía su universalidad. Poner a golpe de clic de forma segura trámites judiciales es fortalecer la prestación del servicio. Además, entre las iniciativas impulsadas por el Gobierno se encuentra la instalación de quioscos biométricos, concebidos como puntos de acceso gratuito donde los ciudadanos pueden realizar trámites en la Sede Judicial.

Iniciativas destacadas

Las iniciativas más destacadas que está impulsando el Ministerio de Justicia no sólo buscan mayor calidad en la prestación de todos los servicios asociados a este ámbito, sino también mejorar la conciliación familiar de cara a los profesionales o reducir las brechas existentes en materia de edad, género, discapacidad, etc. Algunas de las más sobresalientes son:

• Sede Judicial Electrónica: Es el portal web para la comunicación electrónica entre la ciudadanía, entidades sin personalidad jurídica y personas jurídicas con la Administración de Justicia. El objetivo es que sea una carpeta de servicios que minimice el tiempo invertido en integrar el Expediente Judicial Electrónico (EJE), al tiempo que el ciudadano puede remitir información telemáticamente.
• Acceso al EJE por los profesionales: Además de reducir la brecha digital que existe entre los distintos organismos, esta digitalización permite analizar las etapas del ciclo de vida de un expediente. De esta manera es posible mejorar los procedimientos y estandarizar la documentación. Además, los más de 93.000 accesos al EJE registrados en 2022 supusieron un ahorro de más de 713 toneladas de CO₂ al reducir drásticamente los desplazamientos.

• Nueva versión de LexNET: Se trata de la plataforma para el intercambio seguro de información para los órganos judiciales y los operadores jurídicos. Es clave en el día a día pues garantiza la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la práctica de notificaciones. Con más de 260.000 buzones de usuarios, gestiona un volumen medio de 420.000 notificaciones diarias.
• Visor Horus: Gracias a él es posible localizar y consultar de forma rápida la información de los EJE. Pudiendo accederse desde la Sede Judicial Electrónica, una de las ventajas de este visor es que, al separar los expedientes administrativos de la documentación del procedimiento y las itineraciones, se obtiene una imagen mucho más clara del procedimiento judicial.
• Inteligencia Artificial (IA): Dado que en el ámbito judicial se maneja mucha información no estructurada, la incorporación de texto en lenguaje natural es importante. Aunque todavía están en desarrollo, algunas de las iniciativas en las que la IA va a ser determinante son el clasificador documental, el anonimizador documental o la extracción de entidades nominales, entre otras.

Cómo puede ayudar Adea

Adea cuenta con la innovación y la cultura tecnológica necesarias para abordar una transformación digital tan compleja como la del Servicio Público de Justicia. A las complejidades técnicas de esta digitalización debe añadirse la necesaria minimización de riesgos éticos de las nuevas tecnologías; Adea dispone de un amplio equipo de profesionales con amplia experiencia en ambos frentes.

Los proyectos que la compañía tiene a sus espaldas la avalan para contribuir a implantar la automatización inteligente en la Justicia, así como a textualizar grabaciones judiciales, anonimizar documentos procesales y, en definitiva, hacer que la información fluya de un modo más ágil y seguro en todo el ciclo de vida de la Justicia.